El acelerado cambio religioso que han vivido ciertos países, que en pocos años han pasado de poseer sociedades firmemente cohesionadas en lo religioso a ser eminentemente seculares, no ha venido acompañado de un cambio similar en la dimensión política. Las instituciones religiosas conservan un poder de influencia sobre el dominio público similar al que disponían cuando su creencia era la dominante. En países como España o Irlanda el secularismo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 20 años a nivel social, pero el peso de los altos cargos de la Iglesia no se ha resentido.
Se tiende a considerar que esta tendencia es consecuencia del conservadurismo de la derecha y de la inercia continuista de una izquierda heterodoxa, que ha renunciado al maximalismo laicista de antaño. Esto podría explicar cuestiones como las que hoy se han publicado en la prensa:
El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la eliminación de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia de los actos de toma de posesión de los cargos públicos. La oposición declarada de los grupos mayoritarios, PSOE y PP, ha impedido la aprobación de la iniciativa, registrada por IU e ICV Sin embargo, no explicaría la rapidez con la que las religiones minoritarias han alcanzado derechos, privilegios e incluso exenciones a ciertas obligaciones.
Sin embargo, no explica por qué otros credos minoritarios acceden a tratos de favor con cierta facilidad.
Las religiones no son partidos políticos y su peso en la sociedad no se decide en las urnas o en función de su apoyo popular. En realidad, el funcionamiento de las religiones en relación con el poder público se acerca más al de los lobbys. La lógica de la acción colectiva, expuesta por Mancur Olson, es la clave de por qué el laicismo, por mayoritario que sea en una sociedad, siempre tendrá más difícil su adopción entre los políticos. Olson define cómo la probabilidad de que un grupo alcance un consenso colectivo y llegue a influir a nivel político es proporcional a su cohesión. En cambio, cuanto más grande y hetereogéneo, menor capacidad de decisión sobre las acciones que se deben seguir y, por lo tanto, de influencia sobre el Gobierno. Por ello, no solo la religión mayoritaria recibe un trato de favor del poder, sino también las menos relevantes, como muestra el caso que denunciaba hace meses Arcadi Espada:
(…) Los poderes públicos españoles exhiben una tolerancia creciente ante las demandas, cada vez más barrocas, de la creencia. La creencia exige que no se le sirva carne de cerdo o que no haya cabeza destocada. Y los poderes transigen. No sólo transigen: se llenan la boca y se dan enérgicas palmadas de reafirmación celebrando el respeto que manifiestan ante todas las creencias. (…)
La lógica de la excepción religiosa es sencilla y no hace falta recurrir a Olsen para entenderla. Un ganadero gallego la captó perfectamente cuando, de forma algo bizarra, anunciaba que la asociación que preside estaba debatiendo transformarse en religión para recibir un trato similar al de los musulmanes a la hora de matar el cerdo de forma tradicional.
Estamos pensando crear unha relixión, un deus para que nos deixen sacrificar o porco na casa co coitelo, como se fixo sempre.
Ahora que la Unión Europea pretende que el funcionamiento de los lobbys en Bruselas sea más transparente y se atenga a todos los cauces legales, sería bueno que se aprovechase para reflexionar sobre el papel que el lobby más antiguo del mundo debe jugar en la esfera pública.
Nota: Léase lobby como simple grupo de presión. La mitología que existe en torno a los lobbys y algunos casos sucios han llenado de connotaciones negativas un término que, como tal, debiera ser neutro.
