Al margen de todas las consideraciones que se harán a modo de política interna, el episodio de Chávez y el Rey (y Zapatero) escenifica algo mucho más importante que un rifi rafe puntual o una ruptura en la política exterior española. A lo que asistimos en la última Cumbre Iberoamericana fue a la manifestación de dos formas radicalmente distintas de entender la democracia y el ejercicio del poder.

Puede parecer extraño ver a un presidente de Gobierno defendiendo a un predecesor de otro partido, y más tratándose de Zapatero y Aznar. Sin embargo, es una situación que previsiblemente se habría producido de la misma forma con cualquier otro Gobierno y cualquier otro predecesor de la democracia. Por muchas que sean sus diferencias, el respeto a la institución es un presupuesto básico en cualquier democracia consolidada.Mientras, el mesianismo de Chávez parte de la premisa de que no hay libertad en Venezuela ni antes ni después de su régimen. La democracia es un accidente con el que se topó en su camino a Miraflores y, por lo tanto, es difícil que pueda comprender la reacción de Zapatero. No es casual que el mesías bolivariano haya declarado día nacional la fecha en la que dio su primer golpe de estado.

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Contrariamente a lo que algunos afirman, creo que la defensa de lo que se da en llamar “intereses españoles” en Latinoamérica no ha sido bien enfocado por el actual Gobierno. El papel mediador del Ejecutivo en los conflictos de ciertas empresas con Argentina o Bolivia se redujo al máximo, quizá por un complejo de culpa y un errado esfuerzo por mejorar las condiciones de vida en algunos países pobres.

Pero más allá de las buenas intenciones debería entenderse que defender la vigencia de los acuerdos firmados entre empresas españolas y antiguos gobiernos latinoamericanos democráticos no es un acto de gregarismo español ni mucho menos de colonialismo o ingerencia extranjera, sino una afirmación del derecho. Al defender la legalidad de esos contratos se está reforzando la validez de dos sistemas de derecho, de dos democracias en las que las garantías constitucionales prevalecen sobre los juicios políticos.Atribuir el auge del populismo al actual Gobierno sería caricaturizar la situación, pero la erosión del Estado derecho se hace más fácil cuando se le da la oportunidad a un Ortega o a un Morales de hacer tabla rasa respecto a sus predecesores, como si con ellos naciese la democracia.

Uno de los éxitos recientes en la historia de España fue convencer a los inversores de que nuestro país era un lugar jurídicamente seguro y de que un cambio de partido en el poder no suponía un cambio de régimen. Quizá, por una vez, este Gobierno debería aprender de sí mismo y favorecer, en su relación con Latinoamérica, que la estabilidad institucional de democracias como la de Chile o Brasil deje de ser la excepción.